Las empresas que dispongan de
un buen balance del bien común, conseguirán beneficios legales que les
permitirá pagar impuestos más bajos, reducir los aranceles de importación de
los productos que necesiten para fabricar las suyos propios, disponer de
créditos más baratos, tener prioridad en las contrataciones públicas, etc. Con
todas estas ventajas su entrada en el mercado será más fácil por lo que los
productos y servicios éticos, ecológicos y regionales tendrán en el mercado
unos precios más competitivos que los productos no éticos, no ecológicos y
globales del resto de las empresas competidoras.
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